El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Proyecto de ley que establece las bases para regular la provisión del sistema público de servicios sociales en Cataluña. De esta forma, reanuda el trámite parlamentario interrumpido por el fin de la legislatura anterior. La futura ley apuesta por un sistema de concertación estable entre la administración pública y las entidades que prestan servicios sociales. La medida pretende reforzar el papel de las entidades sin ánimo de lucro en la provisión de servicios y asegurar que se ofrezcan con alto nivel de calidad y proximidad.
Creación de la Agencia Pública de Servicios Sociales
Uno de los puntos clave de la nueva regulación es la creación de la Agencia Pública de Servicios Sociales. El organismo tendrá personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, con un presupuesto de 131 millones de euros. La Agencia actuará como herramienta principal para gestionar los servicios sociales en Cataluña, optimizando los recursos disponibles y asegurando una mejor coordinación entre la Administración pública y los agentes sociales implicados.
Fortalecimiento del Tercer Sector
La nueva regulación pretende mejorar continuamente la calidad de los servicios sociales públicos. Para ello, establece los principios básicos para la participación de entidades sin ánimo de lucro en la provisión de servicios, mientras se da un papel clave al Tercer Sector Social como colaborador de la sociedad.
La Ley sistematiza las diferentes modalidades de acción concertada, asegurando la calidad de los servicios y mejorando su planificación y evaluación.
Mejoras laborales para las personas profesionales
El anteproyecto incluye un compromiso por equiparar progresivamente las condiciones salariales de las profesionales de las entidades sociales concertadas con las del personal público. La medida busca reconocer la tarea esencial de las trabajadoras del sector y garantizar su estabilidad laboral.
Promoción de la lengua catalana
En línea con los principios de defensa de la identidad cultural, la normativa promoverá el uso del catalán o el aranés en la prestación de los servicios sociales. Por este motivo, se prevé la capacitación lingüística mediante una disposición transitoria que prevé que las organizaciones proveedoras tengan un plazo de cinco años para formar lingüísticamente a su plantilla.
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