El Gobierno de la Generalitat de Catalunyaha dado luz verde al Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento nacido de un amplio proceso de colaboración y diálogo con administraciones locales, grupos parlamentarios, entidades sociales, personas expertas, sindicatos y organizaciones empresariales.
Este pacto tiene como objetivo transformar las políticas públicas para alinearlas con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención promueve un enfoque que va más allá de las condiciones personales y pone el foco en las barreras del entorno (sociales y/o físicas) que limitan la participación plena y activa de las personas con discapacidad. Esto supone un cambio de concepción: ya no se consideran a las personas con discapacidad como beneficiarias pasivas de protección, sino como ciudadanas con derechos plenos.
El pacto define las líneas estratégicas que deben garantizar una atención integral y transversal, con el objetivo de hacer efectiva la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Es destacable que el contenido del pacto ha sido revisado y validado tanto por el Consejo de la Discapacidad de Cataluña (CODISCAT) como por la Mesa del Pacto Nacional, que ha sido el espacio encargado de su redacción. En total, participaron 153 personas y se realizaron 41 sesiones de trabajo. En este sentido, la mesa ha trabajado en seis grandes ámbitos:
- Accesibilidad y movilidad.
- Salud y soportes a la comunidad.
- Educación.
- Trabajo.
- Derechos civiles y políticos.
- Sostenibilidad del sistema.
Además, el pacto establece 262 acciones concretas, de las cuales 9 son prioritarias:
- Garantizar el acceso a una vivienda digna.
- Mejorar la accesibilidad en el espacio público y en el transporte.
- Fomentar la inclusión laboral.
- Trabajar la formación y la sensibilización en el ámbito educativo.
- Apoyar a las familias.
- Coordinar las políticas públicas entre instituciones.
- Reforzar la participación de las personas con discapacidad y sus entidades representativas.
- Aplicar un protocolo contra discriminaciones.
- Establecer un sistema de información y seguimiento para garantizar la efectiva aplicación del pacto.