El Departamento de Justicia y Calidad Democrática ha puesto en marcha un proyecto de modificación del Decreto 259/2008 , que regula el Plan General de Contabilidad (PGC) aplicable a asociaciones y fundaciones catalanas.

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Esta iniciativa buscaba adaptar la normativa a las actualizaciones europeas y estatales, mejorar la calidad de la información financiera y facilitar el cumplimiento de las obligaciones contables . Las entidades afectadas pudieron presentar alegaciones hasta el 15 de septiembre, en el marco del trámite de información pública.

El PGC vigente data de 2008 y sólo ha sido modificado una vez, en 2010. Desde entonces, se han producido cambios significativos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-UE) y en las directivas europeas , que no se habían incorporado al marco catalán. La reforma pretende armonizar la normativa contable catalana con los criterios internacionales y estatales, simplificando las obligaciones y reforzando la transparencia.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentran:

  • Revisión de los umbrales económicos que definen el tamaño de las entidades. Esto permitirá que muchas entidades pasen de la categoría «grande» a «media», con menos exigencias en la presentación de cuentas.
  • Simplificación de las obligaciones documentales para entidades pequeñas y medianas, tales como la no obligatoriedad de incluir el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
  • Nueva definición del valor razonable y obligación de amortizar los activos intangibles con vida útil indefinida en un plazo de 10 años.
  • Mejoras en la memoria económica , con mayor detalle sobre sueldos, dietas, conflictos de interés, aplicación de recursos a fines estatutarios e inclusión de datos sobre diversidad y discapacidad.
  • Cambios en la clasificación de los activos y pasivos financieros, con nuevos criterios de valoración y reconocimiento.
  • Modificación de los modelos oficiales de balance , cuenta de resultados y estado de ingresos y gastos reconocidos.

La reforma supondrá una adaptación importante para las entidades, especialmente las de gran tamaño, que tendrán que ajustar sus sistemas contables a los nuevos criterios. Asimismo, se contempla una reducción de la carga administrativa para las entidades más pequeñas, que podrán optar por modelos abreviados.

Este proyecto representa una oportunidad para mejorar la claridad y la fiabilidad de la información económica del sector no lucrativo, reforzando la confianza y la transparencia frente a la ciudadanía y las administraciones.

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