La Administración pública ha publicado el Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el que queda establecido el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del año 2026. El SMI es la retribución mínima que, por ley, debe recibir cualquier persona.
El Consejo de Ministros ha aprobado un incremento del 3,1% del salario mínimo interprofesional ( SMI ), que se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas. La medida, publicada el 18 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante el Real Decreto 126/2026 , tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y repercute directamente en casi dos millones de personas asalariadas en el Estado.
En cómputo anual, el salario mínimo queda fijado en 17.094 euros brutos anuales , mientras que en doce pagas asciende a 1.424,5 euros mensuales . El incremento representa aproximadamente 43 euros más al mes para las personas que perciben ese sueldo.
Impacto en el conjunto de personas trabajadoras
Según los datos recogidos, la revisión al alza afecta especialmente a sectores con salarios más bajos y con una presencia elevada de mujeres y personas jóvenes. El SMI actúa como referencia mínima legal para todas las relaciones laborales e incide también en determinadas prestaciones y contratos vinculados a esa cuantía.
Desde 2018, el salario mínimo ha experimentado diversos incrementos consecutivos. Con esta nueva actualización, el Gobierno mantiene el objetivo de adecuar el salario mínimo a la evolución del coste de la vida y los compromisos adquiridos en materia de derechos laborales.
Repercusión en el tercer sector
El aumento del SMI también tiene implicaciones directas para las entidades del tercer sector , especialmente aquellas que gestionan servicios con personal contratado en categorías cercanas al salario mínimo. Las organizaciones tendrán que adaptar sus tablas salariales y previsiones presupuestarias para garantizar el cumplimiento de la nueva cuantía.
Asimismo, la medida puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de personas trabajadoras vinculadas a proyectos sociales, muchas de las cuales desarrollan labores de atención directa en ámbitos como la acción social, la educación en el ocio o la inserción laboral.
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