El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido una sentencia que puede marcar un antes y un después en la protección de los derechos laborales en Catalunya. En una reciente resolución, el tribunal ha reconocido la posibilidad de que las indemnizaciones por despido improcedente puedan ser superiores a las establecidas legalmente cuando éstas sean especialmente bajas y no cumplan una función disuasoria para las organizaciones. Si necesita ayuda con la gestión laboral de tu entidad contacta con nosotros.
Un cambio de criterio influenciado por Europa
Hasta ahora, la jurisprudencia mayoritaria, incluida la del Tribunal Supremo, mantenía que la indemnización por despido improcedente debía limitarse a los 33 días por año trabajado. Sin embargo, el TSJC ha matizado esta posición, teniendo en cuenta los recientes pronunciamientos del Consejo de Europa y el Convenio 158 de la OIT, que establece que la compensación debe ser “adecuada”.
En el caso concreto juzgado, la indemnización reconocida era de sólo 441,35 euros, una cantidad que el tribunal considera «especialmente baja» y que «difícilmente cumple con una finalidad disuasoria». Aunque no se modificó la cuantía en este caso concreto, el TSJC abre la puerta a que, en situaciones similares con mayores perjuicios acreditados , se pueda reclamar una compensación superior .
Implicaciones para las entidades del Tercer Sector
Este nuevo enfoque puede tener un impacto significativo en las entidades del Tercer Sector, especialmente en aquellas con pequeñas plantillas o con recursos limitados. Algunas consideraciones clave:
- Mayor responsabilidad en los despidos : las entidades tendrán que justificar con más cuidado los motivos de los despidos y valorar el impacto que éstos pueden tener en las personas trabajadoras.
- Revisión de protocolos internos: puede ser necesario revisar las políticas de recursos humanos para asegurarse de que se cumplen los criterios de proporcionalidad y adecuación a las indemnizaciones.
- Prevención de litigios: este precedente puede animar a más personas trabajadoras a impugnar despidos si consideran que la indemnización es insuficiente, con el consiguiente riesgo legal y económico para las entidades.