El anteproyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales establece un régimen específico para las entidades sin ánimo de lucro, con medidas sobre los órganos de gobierno, la trazabilidad de los fondos y la identificación de donantes y personas beneficiarias en determinados casos. Si tienes dudas sobre este tema o cualquier otro relacionado con el ámbito legal de tu asociación, contacta con nuestro equipo jurídico.
El Gobierno español prepara una nueva regulación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que incorpora obligaciones específicas para asociaciones, fundaciones sin ánimo de lucro y entidades religiosas.
El anteproyecto de ley dedica un artículo específico a estas organizaciones y pone el foco en el riesgo de que puedan ser utilizadas para canalizar fondos o recursos hacia personas o entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas. El texto todavía se encuentra en fase de tramitación y, por tanto, las medidas previstas no son todavía obligaciones vigentes y pueden modificarse antes de su aprobación definitiva.
Medidas sobre los órganos de gobierno
Una de las obligaciones que plantea el anteproyecto es garantizar la idoneidad de las personas que forman parte de los órganos de gobierno y ocupan determinados cargos directivos.
Según el texto, no podrán ser titulares reales, ocupar cargos directivos o de tesorería ni formar parte de los órganos de gobierno o representación las personas que hayan sido condenadas por determinados delitos, entre los que figuran los delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública y la Seguridad Social, la Administración pública, las falsedades o la financiación del terrorismo.
Las personas que ocupen estos cargos deberán aportar el certificado de antecedentes penales cuando la entidad se lo requiera.
Mayor trazabilidad de los fondos
Las organizaciones también deberán adoptar medidas para favorecer que los movimientos de dinero se realicen a través de los canales que permitan garantizar su trazabilidad, siempre que esto sea viable y compatible con la actividad que desarrolla la entidad.
Además, deberán colaborar con las autoridades competentes e informar de los hechos que puedan constituir un indicio o una prueba de financiación del terrorismo, blanqueo de capitales u otros delitos relacionados, mediante los canales habilitados para tal fin.
El anteproyecto también establece que las entidades financieras deberán evaluar los riesgos vinculados a asociaciones, fundaciones y entidades religiosas clientes y, en caso de rechazarlas como clientes, deberán dejar constancia escrita de los motivos.
Controles diferentes según el riesgo de la entidad
La futura regulación no plantea el mismo nivel de exigencia para todas las organizaciones. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias deberá elaborar un análisis sectorial de riesgo para determinar qué ámbitos de las fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro y entidades religiosas están más expuestos a ser utilizados para la financiación del terrorismo.
Este análisis se deberá actualizar cada cuatro años o antes si se producen cambios que modifiquen la valoración del riesgo.
Las entidades clasificadas en categorías con un riesgo inherente superior a medio, así como las que desarrollen actividades en jurisdicciones consideradas de riesgo de financiación del terrorismo, tendrán obligaciones adicionales.
En concreto, deberán registrar y conservar información sobre personas donantes y beneficiarias en determinadas transacciones superiores a 1.000 euros, cuando no sea posible utilizar los mecanismos previstos para garantizar la trazabilidad de los fondos.
Cuando la naturaleza del proyecto o de la actividad haga inviable identificar individualmente a cada persona donante, se podrá identificar al colectivo de donantes y sus características generales.
Seguimiento de las entidades según el nivel de riesgo
El anteproyecto también atribuye funciones a la futura Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), que tendrá potestad inspectora y sancionadora y hará que las organizaciones conozcan mejor los riesgos y las obligaciones que les corresponden.
La nueva autoridad podrá realizar un seguimiento de la actividad de las asociaciones, fundaciones y entidades religiosas aplicando un enfoque basado en el riesgo. Sin embargo, el propio texto establece que estas actuaciones no pueden limitar el derecho a la libertad de organización y funcionamiento interno de las entidades.
El alcance concreto de algunas de estas medidas dependerá todavía de la tramitación de la norma y, especialmente, del análisis sectorial que deberá determinar qué organizaciones están sometidas a un nivel de riesgo más elevado.
